Se puede ver en la actualidad en la página del “EL TSJ DISPUSO SUMARIO AL JUEZ JALIL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A UNA AGENTE JUDICIAL”

En el marco del Acuerdo de Superintendencia celebrado el 29 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Función Judicial N.º 2425, resolvió disponer la iniciación de un proceso sumarial al juez transitorio del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Jorge Elías Jalil, a fin de esclarecer los hechos denunciados por una agente judicial e identificar posibles responsabilidades disciplinarias.

La decisión se adoptó en el marco del Protocolo de Actuación para la Prevención en Casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral por Motivos de Género (Acuerdo T.S.J. N.º 864/23) y del Reglamento Disciplinario para la Función Judicial (Acuerdo N.º 883/24).

Entre las medidas preventivas ordenadas, el Tribunal dispuso la prohibición de contacto del magistrado denunciado con la denunciante, garantizando la continuidad laboral de la agente en un entorno libre de presiones. Asimismo, la medida dispuesta es la continuidad de lo ya resuelto con anterioridad por el Alto Cuerpo con carácter provisorio, por la cual, a partir de la fecha, y en forma definitiva, la agente denunciante queda eximida de cumplir tareas periciales propias de su función, en las causas que intervenga el magistrado denunciado hasta la finalización del proceso.

La decisión, que para nada importa adelantar criterio sobre veracidad o no de la denuncia efectuada, se enmarca en la convicción institucional de que toda forma de violencia laboral atenta contra la dignidad humana, la salud de los trabajadores y la eficiencia del servicio de justicia. En tal sentido, el Tribunal reafirmó su compromiso de asegurar la protección integral de las personas que se consideren víctimas hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados”. Hasta acá la medida del Tribunal Superior de Justicia.

Este miércoles 3 de junio de 2026: Con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos vinculados al abordaje de las violencias, se realizó la presentación oficial de la Ley Provincial N.º 10.800, que establece el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia en Razón del Género.

La actividad tuvo lugar en la Sala Coty del Paseo Cultural y contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera; la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; el ministro de Seguridad, Miguel Zárate; la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Gabriela Asís; además de equipos técnicos, profesionales de la salud, integrantes de las fuerzas de seguridad y representantes de distintas áreas gubernamentales.

La presentación tuvo como objetivo socializar los alcances de la normativa y fortalecer la articulación entre los organismos que intervienen en situaciones de violencia por razones de género.

La puesta en marcha del protocolo representa un avance significativo en la construcción de una respuesta estatal coordinada, estableciendo procedimientos comunes entre la Policía de la Provincia, el sistema de salud, la Secretaría de la Mujer y Diversidad y los organismos competentes.

La herramienta permitirá optimizar los mecanismos de recepción de denuncias, intervención, derivación y acompañamiento, promoviendo una atención más eficiente y respetuosa de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia.

Construir políticas públicas

Durante la jornada, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, destacó que el compromiso estatal debe trascender la sanción de leyes y garantizar las condiciones necesarias para su aplicación efectiva.

En ese sentido, remarcó la importancia de construir políticas públicas sustentadas en la escucha, la empatía y el acompañamiento de las personas que buscan asistencia.

Asimismo, señaló que toda intervención debe partir del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad que atraviesan quienes recurren a las instituciones en busca de ayuda.

Las autoridades presentes coincidieron en que la existencia de un protocolo único de actuación permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional, evitar la revictimización y reducir obstáculos burocráticos que muchas veces dificultan el acceso a una respuesta rápida y adecuada.

Además, destacaron que la unificación de criterios contribuirá a garantizar intervenciones integrales, independientemente del organismo al que la persona acuda en primera instancia.

La Ley Provincial N.º 10.800 constituye una herramienta estratégica para profundizar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de la Mujer y Diversidad y el Poder Judicial, consolidando una red institucional orientada a brindar respuestas más eficaces frente a las violencias por razones de género.

Desde la organización remarcaron que la implementación de este protocolo fortalece las políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento, reafirmando el compromiso del Estado provincial con la protección de derechos y la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.