María Julia Alsogaray llegó a un récord que será difícil de igualar: el viernes pasado comenzó el octavo juicio oral y público en su contra por hechos de corrupción de su paso por el gobierno menemista. Ningún político afrontó esa cantidad de juicios. Y no será el último, porque todavía le queda uno más.

El Tribunal Oral Federal 6 comenzó a juzgarla porque como interventora de la ex telefónica estatal ENTEL ordenó el pago ilegítimo de más de 30 millones –pesos/dólares– a la empresa que hacía las guías telefónicas cuando otros organismos del Estado desaconsejaban hacerlo.

En el primer día de audiencia, los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero le leyeron la acusación a Alsogaray y a los otros cinco imputados. Dos de ellos pidieron probation pero el fiscal Diego Velasco se opuso y seguirán bajo juzgamiento.

En sus siete juicios anteriores, la ex funcionaria de 74 años que ocupó varios cargos en los gobiernos de Carlos Menem, recibió cuatro condenas y tres absoluciones.

María Julia fue condenada a tres años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito; a cuatro años por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública por la privatización de ENTEL; también a cuatro años por la contratación irregular de personal en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a tres años y seis meses por irregularidades en obras de refacción en el mismo organismo.

Las dos primeras condenas están firmes –recibió una pena única de cinco años de prisión– y Alsogaray estuvo presa bajo prisión domiciliaria en su casa de la calle Junín al 1400 desde marzo de 2015 hasta octubre del año pasado cuando le otorgaron la libertad condicional porque cumplió las dos terceras partes de la condena. Al cómputo se le sumaron los casi dos años que la ex funcionaria ya había estado presa en una delegación de la Policía Federal de agosto de 2003 a mayo de 2005.

Las absoluciones las recibió en los juicios en los que estuvo acusada por el pago y cobro de sobresueldos durante el menemismo; por la venta de un predio de la ex ENTEL; y por presuntas irregularidades en el "Plan Nacional del Manejo del Fuego".

Ahora está acusada del delito de negociaciones incompatibles con la función pública porque como titular de ENTEl aceptó el reclamo de la empresa Meller S.A. para que se le pague la impresión de las guías telefónicas y ordenó el pago de 3.326.580,47 y de 28.942.839,31 pesos-dólares.

Los pagos –que no se hicieron y el resultado del juicio definirá si se concretan o no– fueron ordenados a pesar de que tanto la Sindicatura General de la Nación como la Procuración del Tesoro de la Nación objetaron los montos y recomendaron que no se avance. El caso llegó hasta la Corte Suprema que con su mayoría automática avaló lo actuado por Alsogaray.

El caso "Meller" fue una de las acusaciones que el gobierno de Néstor Kirchner les hizo a los jueces de esa mayoría automática en su pedido de juicio político para renovar el máximo tribunal y que llevaron a varios de sus integrantes a renunciar, como Julio Nazareno, y a la destitución de Eduardo Moliné O'Connor.

Junto con Alsogaray también están siendo juzgados los empresarios y hermanos Sergio Meller y Gustavo Meller, los ex gerentes de ENTEL Gustavo Daneri y Gustavo Cresta y la ex integrante del Tribunal Arbitral de Obras Públicas Yolanda Eggink.

Los hermanos Meller ofrecieron cada uno 600 mil pesos como probation para no continuar el juicio, pero el fiscal Velasco se opuso y los jueces rechazaron el planteo.

El juicio continuará este miércoles y jueves con la posibilidad de que las defensas hagan planteos y luego las indagatorias de los acusados. Está previsto que declaren 35 testigos.

El octavo no será el último juicio para Alsogaray. Le queda uno más. Es también por su paso por ENTEL durante el cual autorizó el pago de nueve millones de dólares a la empresa Pecom-Nec cuando en realidad debía ser por 900 mil.