Solo los hoteles Alto Calafate (Hotesur) y Los Sauces fueron valuados en 27 millones de dólares por los peritos de la causa judicial por enriquecimiento ilícito en alquileres de hoteles y lavado de dinero. La herencia de Néstor Kirchner se estimó en 50 millones de dólares. El valor fiscal actual del patrimonio declarado de sus herederos, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, acumulado, es significativamente menor porque, como sucede con todos los argentinos, sus propiedades registradas al valor de compra o construcción en pesos perdieron el 80% del valor por efecto de la inflación en solo una década: el dólar en octubre de 2010, al fallecer Néstor Kirchner, cotizaba a menos de 4 pesos por dólar, veinte veces menos que los 96 pesos actuales.

Es improbable que un exitoso estudio de abogados de Santa Cruz pudiera haber construido las bases de lo que fue ese patrimonio en solo una década antes de ingresar Néstor Kirchner a la función pública entre 1976, recién recibido, y 1987, cuando con 37 años comenzó como intendente de Río Gallegos. Tampoco es probable que fuera el resultado de sus sueldos posteriores como intendente-gobernador-presidente (un total de un millón de dólares en 30 años) y de su mujer como legisladora provincial, nacional y presidenta hasta 2010 (un total de 700 mil dólares en 20 años).

La causa por el alquiler de habitaciones de los hoteles de los Kirchner pagados (27 millones de pesos, 4 millones de dólares de su época) de Lázaro Báez y Cristóbal López, que apunta a explicar el delito precedente de las causas de sobrefacturación de Lázaro Báez y otros por obra pública, no explica la fortuna precedente de Néstor Kirchner, sino solo el posterior mantenimiento de los hoteles. Hasta podría decirse que esos alquileres fueron una decisión administrativa de la que la presidenta en ejercicio ni siquiera hubiera participado.

También podría sostenerse que la causa Cuadernos explica el mecanismo de recaudación de las campañas políticas pero que ese dinero no fue para Cristina Kirchner. Y que la oposición aprovecha a vincularla con varios otros obvios  casos probados de corrupción para anularla políticamente cuando ella podría no haber sido parte o beneficiada (el ejemplo de Lula en Brasil con las coimas probadas de Petrobras en el Lava Jato).

Pero, nuevamente, lo que no se explica es el patrimonio acumulado por Néstor Kirchner habiendo dedicado su vida al servicio público que siempre fue mal pago en Argentina. Cristina Kirchner puede no ser corrupta, pero su marido no podría ser eximido de esa acusación habiendo acumulado tantos bienes.

Más allá de la cuestión judicial y cómo terminen fallando las causas en proceso, la discusión de fondo es moral y es allí donde el kirchnerismo no lucha solo contra la Justicia sino, principalmente, con la prensa. Aunque Cristina Kirchner no fuera nunca presa (lo más probable), su aspiración es darle un sentido a su carrera política que es indivisible de la de su marido y tiene además a su hijo Máximo como legado de ambos. Por su parte, la prensa precisa también darles sentido a sus investigaciones de una década.

¿Robó o no robó? Esa es la disputa por el sentido que se está librando. Puede ser hipócrita en el sentido de que se acepta que muchos políticos y representantes de instituciones como los sindicatos se han enriquecido siendo los sueldos que cobran por su tarea una ínfima parte de su remuneración real. Que la política y el ejercicio de la representación vienen siendo una forma de profesión con promesa de ascenso social, y el enriquecimiento es una de las motivaciones de muchos de los que se dedican a ella.

La diferencia en el caso de Néstor Kirchner fue la magnitud y su intención de blanquear su fortuna, o una parte de ella, mientras que otros se conformaron acumulando un patrimonio menor o no supieron cómo amasar uno de 50 millones de dólares como supo construir Néstor Kirchner.

Los políticos del oficialismo que sostienen que Cristina Kirchner no es corrupta pueden creerlo de buena fe pero probablemente no piensen lo mismo de Néstor Kirchner, sobre quien deslizan “era muy avaro”, y claramente su relación con el dinero era obsesiva.

Viendo la política como una profesión de progreso económico y movilidad social, resulta explicable que  comprometan a la familia en la sucesión no solo de los bienes acumulados (para dejarles seguridad), sino en la profesión misma, como si se traspasara otro activo.

La mayoría de la opinión pública acepta que muchos de los políticos usen sus puestos para progresar económicamente. Son el 60% de la población que no está polarizada y parte de la cual pudo votar en una elección por un Kirchner y en otra por Macri. Quienes discuten la corrupción como cuestión inhabilitante son el sector altamente politizado de la sociedad, además de periodistas, jueces y fiscales.

Néstor Kirchner es apenas el caso paradigmático de un presidente que se enriqueció a lo largo de su carrera política. Pero en otra proporción hay centenas de casos de intendentes, gobernadores y sindicalistas que se hicieron ricos en la función pública y que, por  menor visibilidad, envergadura, o hasta intereses creados, no despertaron la misma atención del periodismo.

La batalla jurídica y periodística por los casos de corrupción del kirchnerismo es también una batalla sobre el sentido y una subjetividad compartida sobre cómo se remunera el ejercicio de la representación en cada nivel de desarrollo democrático y qué relación tiene eso con el éxito o no de sus representados y de la sociedad en su conjunto.

Fuente, Perfil: Jorge Fontevecchia