Policiales

La sentencia máxima recayó sobre el ex comisario Eduardo Smaha, los ex policías Celustiano Lucero, y Alberto Rodríguez Vázquez; y el ex comisario general (re) Juan Agustín Oyarzábal. En tanto, el Tribunal condenó al ex teniente Dardo Migno, quien recibió la sentencia vía tele conferencia desde Rosario, a la pena de doce años de prisión por privación abusiva de libertad agravada y absolvió al ex jefe de Inteligencia, Paulino Furió.
Pablo Salinas, querellante del grupo Ecuménico por los Derechos Humanos, se mostró “muy conforme” con el fallo “porque se aplicó condenas a delitos contra la humanidad y genocidio, lo que considera que nuestros compañeros fueron víctimas de una matanza de personas que se constituyó en la destrucción de un grupo humano”.
“Estoy muy conforme también porque también se dispuso que haya cárcel común”, admitió Salinas a Télam.
Antes del mediodía y con poco más de media hora de retraso, el presidente del Tribunal anunció las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a los cuatro procesados por considerarlos culpables de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada; violencia y amenazas; aplicación de tormentos; homicidio calificado por alevosía; y asociación ilícita.
Los condenados fueron juzgados en ocho causas por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas la del escritor Francisco `Paco´ Urondo y su esposa Alicia Raboy ; y el cautiverio del escritor y político mendocino Angel Bustelo.
Además de estos dos casos, el Tribunal número 1 los condenó por las causas de desapariciones de Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres.
Este fue el segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza, luego del sucedido en San Rafael el año pasado, que también finalizó con varias cadenas perpetuas contra ex policías y militares.
Alfredo Guevara, también querellante en varias de las causas, opinó que en Mendoza y en la Argentina “se empieza a transitar un camino donde las cosas van quedando en su lugar y donde aquellos que cometieron los peores crímenes hoy están donde tienen que estar: condenados por la justicia y no como grandes señores y reivindicados por el poder como todos esos años de impunidad”.
Para María de Domínguez, la representante de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, el juicio de hoy “sirve para que la gente sepa que son asesinos”.
“Hoy los condenados están viejos, lloran y se enferman. Pero que la gente sepa que son unos asesinos y que el hecho de haber creado la desaparición forzosa de personas, sin saber donde estaban nuestros seres queridos, fue aberrante”, se lamentó la mujer quien sufrió la desaparición de un hijo y una nuera embarazada.
Desde temprano, cientos de representantes de organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos aguardaron afuera del edifico del Tribunal Federal el resultado del fallo, que pudieron seguir a través de una pantalla grande.
Con fotos de sus seres queridos desaparecidos y banderas, la gente celebró el fallo con lágrimas, abrazos y aplausos por cada acusación, y algunos gritos de "asesinos" para los represores.
Cuando se inició el proceso el pasado 17 de noviembre, había un total de diez acusados, pero en el transcurso de estos once meses de debate falleció el general Juan Pablo Saá y fueron separados por razones de salud el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el suboficial de la Policía Agustín Fernández.
“Hoy para mi es un día contradictorio: por un lado contenta por el paso que se dio; pero sentir que Rafael y Nora no están, para mi es un dolor inmenso. Y no están ellos, como los 30.000 que no están, yo los extraño como todo el país extraña a los que hoy no están con nosotros”, lamentó la mendocina Monserrat Olivera, hermana de Rafael Olivera quien desapareció junto a su pareja Nora.

Estas conclusiones, a las que tuvo acceso Télam, se desprenden del pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal de Morón Marcelo Tavolaro contra seis de los siete detenidos en la causa, cuya situación procesal deben ser resueltas antes del martes.
Uno de los elementos que el fiscal consideró para pedir la prisión preventiva de Hugo Bermúdez como el presunto autor material del crimen por asfixia de Candela Rodríguez fue el testimonio de sus amantes que lo definieron como un "psicópata sexual" porque les tapaba la boca y la nariz para gozar.
De acuerdo al requerimiento del fiscal, al imputado "sus parejas anteriores e incluso amante (...) lo han definido como un psicópata sexual, con preferencias a someter a sus juegos sexuales a menores de edad cautivándolos con provisión de ropas y drogas, según sea el caso".
Para Tavolaro resultó "más que llamativo" la declaración de la madre de la anterior pareja de Bermúdez que "reconoció haber mantenido relaciones sexuales con el acusado siendo su juego sexual preferido el de someter a su pareja a la compresión de la nariz y la boca para lograr su satisfacción, sin importarle las consecuencias que a su pareja producía".
En este tramo del pedido, el fiscal recuerda que la mecánica de la muerte de Candela fue "la compresión con un elemento suave, como pueden ser las manos, de las narinas y boca, que llevaron al óbito de la niña a través de un paro cardiorespiratorio traumático, secundario a asfixia por sofocación".
En este sentido, otro de los elementos considerados por el fiscal para acusar a Bermúdez fue el de un testigo de identidad reservada que señaló a un tal "Hugo" como el asesino y de quien dijo "se le fue la mano".