Los asesores del presidente Mauricio Macri y los integrantes de su equipo de gobierno preparan las estrategias para un año que estiman les será muy difícil electoralmente.

Para contrarrestar la ineficacia de sus políticas económicas y financieras que llevaron a los argentinos a atravesar una profunda crisis, sin tiempo para remediar los despidos, el cierre de fábricas, la superinflación y los tarifazos; buscan a través de sus medios de comunicación asociados o por vía de denuncias judiciales atacar a los dirigentes del PJ dispuestos a pelear por el bien común.

Así lo dejaron ver esta semana las publicaciones de diferentes diarios nacionales, donde sostienen que los desdoblamientos y las pujas internas se extienden ante la moderada, y cada vez más disminuida, posibilidad de Cambiemos de alcanzar resultados como en 2017.

Un ejemplo de ello es la judicialización de las elecciones generales del 27 de enero en La Rioja, que tienen como fin votar en la Consulta Popular la ratificación o no de la enmienda que procura aclarar la interpretación del artículo 120 de la Constitución riojana, es prueba de la desesperada campaña de desprestigio que los equipos de Macri y Julio Martínez –en la provincia- idearon con el objetivo de afectar la imagen del gobernador Sergio Casas. A ello se suman los embates del otro socio del macrismo en La Rioja, el intendente Alberto Paredes Urquiza con el remanido tema de la falta de fondos para su gestión.

Claro está que en caso de que el actual gobernador riojano quede habilitado para ser candidato a un segundo período representando al PJ, significaría para el arco político formado por la UCR y el Pro un duro escollo para las aspiraciones electorales de sus candidatos.