En el Presupuesto 2018, el Poder Ejecutivo calculó que el revalúo le aportará unos 25.000 millones de pesos por el impuesto adicional asociado a este "ajuste por inflación" acotado que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento.

Los mandatarios justicialistas pidieron que esa pérdida se cubra con recursos alternativos para no desfinanciar a las provincias.

En el Presupuesto 2018, el Poder Ejecutivo calculó que el revalúo le aportará unos 25.000 millones de pesos por el impuesto adicional asociado a este "ajuste por inflación" acotado que el Gobierno envió al Congreso para su tratamiento.

Pero la contracara de esta recaudación es la baja potencial en la recaudación del impuesto a las Ganancias -a través de mayores amortizaciones y costos de ventas- que, según calcularon técnicos del justicialismo, llegaría a los 87.500 millones de pesos. De esta suma, las provincias perderían unos 40.000 millones de pesos en los próximos seis años.

Ante este panorama, gobernadores y senadores plantearán que este impuesto especial y optativo se incluya con la reforma tributaria que planea el Gobierno y la nueva ley de mercado de capitales. Además, quieren plantear que el impuesto específico se coparticipe.

Según esta estimación, la provincia de Buenos Aires resignaría unos $ 8500 millones; Santa Fe $ 3450 millones; Córdoba $ 3430 millones; Chaco $ 1930 millones; Entre Ríos $ 1890 millones; Tucumán $ 1840 millones; Santiago del Estero $ 1600 millones; Mendoza $ 1610 millones; Salta $ 1480 millones; Corrientes $ 1440 millones; Formosa $1400 millones; San Juan $ 1300 millones; Misiones $ 1280 millones; y Jujuy $ 1100 millones.

Además, Catamarca perdería $ 1060 millones; Neuquén $ 970 millones; Ciudad de Buenos Aires $ 950 millones; San Luis $ 880 millones; La Rioja $ 800 millones; La Pampa $ 720 millones; Neuquén $ 670 millones; Santa Cruz $ 610 millones; Chubut $ 610 millones; y Tierra del Fuego $ 490 millones.

El revalúo impositivo que plantea el Gobierno es una respuesta parcial al reclamo, que ha sido llevado a la Justicia en muchos casos, por la falta de ajuste por inflación desde la salida de la convertibilidad a fines del 2001.

En el Gobierno aclararon que la potencial pérdida para las provincias se compensará con menor litigiosidad -por el pasado y el futuro- y la mayor formalización de las operaciones.

Fuente: La Nación