Dilma logró que el escándalo por la compra de votos en el Parlamento llegara al Tribunal Supremo, que juzgará a 38 acusados, entre los que están algunos de los principales referentes del PT.

“Faz faxina, Dilma (Haz limpieza, Dilma)”, gritaban los indignados en Brasil durante los festejos por el 189° aniversario de la independencia del país. La frase no era sólo una exhortación para la presidenta Dilma Rousseff, sino también una suerte de apoyo hacia ella y un mensaje indirecto hacia el tendal de ministros y demás funcionarios que la sucesora de Lula da Silva dejó en el camino durante su gestión.

Los cerca de treinta políticos “barridos”, entre ministros y legisladores, no fueron los únicos que padecieron la dura “limpieza ética” de la mujer del PT, que ha llegado a poner ante la Justicia a los principales referentes de la política brasileña de las últimas décadas. “La limpieza en mi gobierno es limpieza contra la pobreza”, aseguró en varias oportunidades la mandataria. Ahora, con lo que Brasil dio en llamar “el juicio del siglo”, Rousseff promete concretar la mayor movida contra la corrupción privada e institucional del país.

La medida -apoyada por buena parte del electorado, y resistida por la mayoría del arco político- abarca a 38 personas, sospechadas de desviar fondos públicos hacia iniciativas privadas e integrar un complejo esquema de compra de votos en el Congreso, entre 2003 y 2010. Tan sólo dos de ellos, el exministro de Comunicación Luiz Gushiken y Antonio Lamas, extesorero del extinto Partido Liberal, podrían ser absueltos, por falta de pruebas.

Los políticos procesados integran el Partido de los Trabajadores (PT) y otras agrupaciones que hoy integran la coalición de Gobierno, como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el Partido de la República (PR). A ellos se suman tres exdirectivos del Banco Rural y otro del Banco do Brasil (público), operadores del mercado financiero, y representantes de agencias de publicidad. La acusación es extensa pero clara: "corrupción activa, corrupción pasiva, peculado, lavado de dinero y gestión fraudulenta". El objetivo: conformar"una coalición parlamentaria de apoyo al gobierno".

La base del negociado se resume en el desvío de fondos del Banco de Brasil a través de contratos con agencias de publicidad privadas, que habrían abastecido al PT de dinero clandestino a través de depósitos en una entidad privada.

La llegada del mensalao al Tribunal Supremo es la traducción jurídica de la mayor crisis que tuviera el oficialismo, luego de que las denuncias de un ex legislador sobre los sobornos en el Parlamento expusieran las intrigas y los manejos sucios de los allegados de Lula en el poder.

Golpe al PT y las “mentiras” de Folha. Para el fiscal general de Brasil, Roberto Gurgel, el mensalao integra "el más atrevido y escandaloso caso de corrupción y de desvío de dinero público descubierto en Brasil", estimado en unos 50 millones de dólares. Para la querella, quien estuvo detrás de esta red fue nadie menos que José Dirceu, exjefe de Gabinete de Lula y uno de los hombres de mayor confianza del exmandatario. Dirceu renunció a su cargo en 2005 y fue, paradójicamente, reemplazado por Rousseff. Si se confirman las acusaciones, podría pasar hasta 15 años en prisión.

Sin embargo, para el PT, la lucha contra la corrupción está afectada por los medios de comunicación, entre ellos, Folha do Sao Paulo. Y así lo hizo saber durante el último congreso nacional del partido, en el que intentó, sin suerte, poner algunos límites a la escoba de Dilma.

“Nunca en la historia de este país, la corrupción fue combatida con trata profundidad y sin proteccionismos partidarios como en los gobiernos de Lula y Dilma”, afirmó el PT en un comunicado difundido poco después de las detenciones, en septiembre 2011.

Allí mismo, el partido alertaba sobre el peso de los medios en la Explanada del Planalto. “La oposición, apoyada o dirigida por la conspiración mediática que intentó, sin éxito, derrumba al presidente Lula se presenta ahora liderando una campaña de 'apoyo' a la presidenta Dilma, para que realice una 'limpieza' en el gobierno”, expresó la misiva, molesta por la facilidad con que la jefa de Estado se desprendía de cualquier funcionario que llegara a las tapas de los diarios.

Lejos de volver a enfrentar a la prensa como lo hiciera durante su gestión, Lula prefirió minimizar el impacto mediático del “juicio del siglo”. "Tengo otras cosas para hacer”, justificó Da Silva, ante su negativa a seguir el juicio por TV. “Quienes tienen que seguir el juicio son los abogados", ironizó. Mientras tanto, algunos de sus hombres se sientan en el banquillo y Dilma evalúa su próxima jugada.