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El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni sostuvo que el fallo de mayoría del máximo tribunal que admitió la aplicación del beneficio del 2 x 1 a un condenado por delitos de lesa humanidad tuvo "dos errores técnicos graves".

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Apenas unas horas después de la multitudinaria marcha del 1 de abril, en el Gobierno se animaban a asegurar que se trataba de un acontecimiento que iba a marcar un cambio en la dinámica de la gestión. "Esto es un antes y un después", repetía, sin ahorrar euforia, un estrecho colaborador del Presidente, que hasta allí había transitado los primeros meses del año a puro golpe de la oposición y en vísperas del paro del jueves 6. Dos semanas más tarde, tras endurecer su postura ante las protestas y jugar a fondo en la disputa que en la Provincia de Buenos Aires encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal con los gremios docentes, a Mauricio Macri le sonríen los números de las encuestas por primera vez en mucho tiempo: su imagen y el nivel de aprobación de la gestión de su gobierno parecen estar recuperándose.

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Una diferencia entre la Justicia argentina y la de Brasil no sólo reside en su falta de oportunismo sino también en su real pluralismo: se investigó y condenó a políticos de todos los partidos.

No hay crimen más grave que la corrupción. Otros delitos violan una ley mientras que la corrupción ataca los cimientos de todas las leyes. En nuestra forma de gobierno, toda autoridad reside en el pueblo y es por ellos delegada a quienes los representan en cargos oficiales. No existe delito más grave que el de aquel en quien se ha depositado tan sagrada confianza, que la venda en su propio beneficio y enriquecimiento; y no menos grave es la ofensa del pagador de la coima. Es peor que un ladrón, porque el ladrón roba al individuo, mientras que el agente corrupto saquea a toda una ciudad o estado. Es tan maligno como el asesino porque el asesino sólo puede tomar una vida en contra de la ley, mientras que el agente corrupto y la persona que corrompe toman parte de la vida de toda la sociedad. El Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo desaparecería de la faz de la tierra si la corrupción fuera tolerada. Tanto los que se benefician como los que pagan las coimas poseen preeminencia en la infamia.

La exposición y el castigo de la corrupción pública son un honor para una nación, no una desgracia. La vergüenza está en la tolerancia, no en la corrección. No hay otra ciudad o estado, mucho menos la nación, que sea ofendido por la aplicación de la ley. Si falláramos en dar todo lo que tenemos para expulsar la corrupción, no podríamos escapar a nuestra parte de responsabilidad por esa culpa. El primer requisito para el éxito de un gobierno es la aplicación de la ley, sin vacilaciones, y la eliminación de la corrupción.

Este texto leyó el juez del Lava Jato, Sergio Moro (la negrita señala el párrafo que repitió), en la disertación final durante su visita a Argentina, que coincidió con el procesamiento del juez Bonadio a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López por asociación ilícita. También se produjeron las acusaciones cruzadas entre Elisa Carrió y la jueza Servini de Cubría contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, casi en simultáneo con la visita del juez Moro a la Corte Suprema, donde Lorenzetti se fotografió con Moro y Bonadio.

Esa imagen no esconde la enorme diferencia entre cómo atacaron la corrupción la Justicia de Brasil y la de Argentina. La foto misma que compartieron Moro y Bonadio, donde la camisa, la corbata y el saco del juez argentino estaban totalmente desaliñados, pareciera ser una metáfora de la diferente prolijidad entre el juez brasileño y el nuestro. En Brasil, el Partido de los Trabajadores gobernó con Lula y Dilma de 2003 a comienzos de 2016, muy parecido al Frente para la Victoria en Argentina que gobernó con Néstor Kirchner y Cristina de 2003 a fines de 2015, apenas meses de diferencia. Pero en Brasil su Justicia comenzó a procesar funcionarios a partir de 2005 y, como jefe de asociación ilícita, al jefe de Gabinete de Lula, José Dirceu, mientras que en la Argentina tuvimos que esperar que transcurrieran 12 años de kirchnerismo para tener el primer procesamiento por asociación ilícita.

En Brasil, el primer caso de corrupción condenado fue el Mensalão: mensualidades pagadas a políticos por agencias que intermediaban con la publicidad oficial (idéntico a Argentina); comenzó con una denuncia de la revista Veja a la que rápidamente se sumó aportando más información el diario Folha de São Paulo. No faltaron denuncias similares de la prensa argentina para que la Justicia actuara: la revista Noticias y el diario PERFIL denunciaron sólo entre 2005 y 2006 corrupción en la construcción de cárceles (De Vido), corrupción con la obra pública en Santa Cruz (Lázaro Báez, quien fue tapa al año siguiente con el título “El testaferro de Kirchner”), el caso Skanska (De Vido), donde aun con grabaciones de los ejecutivos confesando las coimas la Justicia las descartó como prueba, y la corrupción con la publicidad oficial, por la que se organizó una conferencia a la que concurrieron todos los corresponsales extranjeros en 2006. Ninguno de estos cuatro casos tuvo un solo procesado.

Parte de la Justicia argentina es responsable de la corrupción, porque si, como recalca el juez Moro del discurso de Roosevelt: “La exposición y el castigo de la corrupción pública son un honor para una nación, no una desgracia. La vergüenza está en la tolerancia, no en la corrección”, para parte de la Justicia argentina quedó la vergüenza, la desgracia y el deshonor.

Otra diferencia entre la Justicia argentina y la de Brasil no sólo reside en su falta de oportunismo sino también en su real pluralismo: se investigó y condenó a políticos de todos los partidos. Y se condenó también a quienes pagaban las coimas. ¿Sólo Lázaro Báez y Cristóbal López pagaron coimas? Sería un salto de “madurez institucional”, como definió el juez Moro lo que está ocurriendo con la Justicia en Brasil, que además de condenar a Lázaro Báez y Cristóbal López, también se condenara a todos los otros empresarios que de manera sistémica pagaron coimas para obtener contratos de obra pública y otras concesiones del Estado, y traficaron con la publicidad oficial. Sólo con esto último: ¿hace falta algo más público y evidente que el tráfico que se realizó con la publicidad oficial? Recién este viernes la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia a favor de Editorial Perfil correspondiente a las revistas y sitios de internet que no estaban incluidos en el primer amparo. Pasaron 11 años y no hay un solo procesado por el uso del dinero de la publicidad oficial para fines políticos, lo mismo que en Brasil le hizo perder su cargo al jefe de Gabinete en 2005, y aún continúa preso.

Por :  Jorge Fontevecchia, diario PERFIL

Simpatizantes de Cambiemos se congregaron desde las 18 en varios espacios de la Ciudad. Desde el Gobierno tomaron distancia de la iniciativa.

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